El grupo- que estuvo dirigido por la funcionaria parlamentaria Patricia Durand Vásquez- se instaló el viernes 27 de diciembre del año pasado. En esa oportunidad acordaron solicitar al área legal del Congreso que remita los informes que dispongan sobre si se podía o no sancionar a una persona que ya no tenía relación laboral con ese poder del Estado.
En total, la comisión solo sesionó tres veces: el 27 de diciembre y el 2 y 3 de enero, sumando 4 horas y 11 minutos [ver recuadro]. En la última reunión, del viernes pasado, sus tres miembros, Durand Vásquez, Flor de María Carrillo Tello y Natalia Escudero Rodríguez decidieron renunciar ante “la imposibilidad de continuar” con el proceso sancionador a Torres Saravia.
Y, además, acordaron devolver todo el expediente administrativo, de 42 páginas, a la Oficialía Mayor.
La dimisión- que deja en el limbo la situación de Torres Saravia- se dio debido a los informes N°412-2018-OAJ-OM-CR (del 16 de agosto de 2018) y N°052-2024-OLCC-OM.CR (del 23 de mayo de 2024). El primero establece que “respecto a los exservidores, al extinguirse el contrato de trabajo cesa la facultad disciplinaria del empleador, por lo que carece de objeto iniciar el proceso administrativo disciplinario”.
Asimismo, remarca que, de haberse iniciado una investigación en contra de un extrabajador, “la sanción es inejecutable”.
El otro informe señala que no se puede sancionar a un trabajador cesado que no cumplió con presentar su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, porque el “Congreso ya no tiene facultad sancionadora respecto a quien no tiene vínculo laboral”.
Torres Saravia fue destituido de su cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento el 13 de diciembre último, luego de que el programa “Beto a Saber” lo vinculara a una presunta red de prostitución en esa institución y con la muerte de Andrea Vidal, una ex trabajadora de la referida área que fue acribillada en La Victoria cuando iba a bordo de un taxi.
Sesiones de la comisión ad hoc del Caso Torres Saravia
| Día | Número de sesión | Acuerdos | Horas |
|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 1 | La comisión ad hoc se instaló. Se solicitó a la Oficina Legal y Constitucional informes sobre medidas contra ex trabajadores del Congreso. |
1 hora y 16 minutos |
| 02/01/2025 | 2 | Se otorgó una ampliación de plazo a Torres Saravia para que presente sus descargos. | 55 minutos. |
| 03/01/2025 | 3 | Revisaron dos informes legales, que concluían que no se podía sancionar a un extrabajador del Parlamento. Aprobaron carta de renuncia a la comisión ad hoc. |
2 horas |
| Total | 4 horas y 11 minutos |
La protección
En la sesión del 3 de enero, la comisión ad hoc sustentó en cuatro puntos la imposibilidad legal de continuar el proceso disciplinario en contra de Torres Saravia, quien fue asesor del expresidente del Congreso Luis Valdez en el 2020 y 2021. Por ejemplo, indicaron que la pesquisa “no está sustentada en ninguna actuación de la administración, pues únicamente se recurre a un reportaje periodístico” para sustentar la acusación.
También señaló que no le corresponde al grupo “evaluar” la naturaleza de la falta ni informar si se reúnen las condiciones necesarias para dar pasó a un castigo, de acuerdo con el reglamento interno de trabajo del Congreso.
Y, además, la comisión ad hoc refirió que “no se específica las acciones” del ex alto funcionario congresal “que habría generado el quebrantamiento de la buena fe laboral que no estén vinculados con supuestos delictivos que, de corroborarse en la vía judicial, sí implicaría acción pasible de sanción”, en caso se dé una sentencia condenatoria.
Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Durand Vásquez explicó que el artículo 112 del reglamento de trabajadores del Parlamento establece que el área de Recursos Humanos es la que debía ofrecer una precalificación y delimitación de las conductas y faltas que habría cometido Torres Saravia, a fin de que de su grupo pueda desarrollar su pesquisa.
La presidenta de la comisión ad hoc refirió que el expediente de Torres Saravia llegó incompleto desde el área de Recursos Humanos, que está bajo el control de Haidy Figueroa, militante de APP.
“No son errores que se puedan enmendar con una fe de erratas, si fuera así continuaríamos, ellos mencionan que hubo un quebrantamiento de la buena fe laboral por incumplimiento de disposiciones reglamentarias. ¿Cuáles? Yo no puedo inventar, lo tienen que decir ellos. De lo contrario estaríamos rompiendo el debido procedimiento en sede administrativa. Es un vicio que es insalvable”, manifestó.
Durand dijo que le ha recomendado al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, que disponga que Recursos Humanos rehaga su informe y que se nombre a una nueva comisión ad hoc.
También negó que tenga in conflicto de intereses, al haber trabajado en la Comisión de Constitución, cuando el apepista Luis Valdez la dirigía en el Parlamento complementario. Añadió que ha trabajado, en el actual Legislativo, con Patricia Juárez, de Fuerza Popular, y con Alejandro Cavero, de Avanza País. “No soy afiliada a ningún partido”, remarcó.
Al respecto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), dijo que ha tomado conocimiento sobre las razones de la renuncia de los integrantes de la comisión ad hoc y que estas le parecen “justificadas”.
Lee también: Fiscalía también investiga a Jorge Torres Saravia por presunta corrupción: las diligencias dispuestas
Una salida “para lavarse las manos”
El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, consideró que las tres funcionarias que formaron parte de la comisión ad hoc del Caso Torres Saravia “han actuado por presión y temor de que la Mesa Directiva pueda tomar represalias en su contra”. Por ello, “han buscado una salida para lavarse las manos”.
“Lo que estamos viendo es algo muy grande y que desborda la jerarquía estas funcionarias, ellas se han curado en salud, y se ha inhibido, prácticamente”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, Rospigliosi sostuvo que “no existen errores insalvables” y que Durand Vásquez pudo haber solicitado a Recursos Humanos la corrección del expediente de Torres Saravia, más aún al tratarse de un caso emblemático.
También dijo que es falso que un ex trabajador del Congreso no pueda ser sancionado. “Con ese absurdo, qué harían todos los investigados, renunciarían pues y se irían a otra entidad del Estado a cometer sus fechorías”, señaló.
Rospigliosi criticó que ni el oficial mayor ni otros altos funcionarios administrativos del Congreso hayan sido capaces de decir quién recomendó a Torres Saravia para la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, que es un cargo de confianza.
“¿Cómo no van a recordar algo así? A Torres Saravia lo nombraron dos veces, el presupuesto de su oficina aumentó S/1 millón en un año, es obvio que tenía un padrino que le permitía esto, y este era APP”, acotó.
Lee también: Las contradicciones de Jorge Torres Saravia sobre la presunta red de prostitución en Congreso
Apresuramiento y negligencia
El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes afirmó que hubo “apresuramiento y negligencia” por parte del área de Recursos Humanos del Parlamento, al no preparar la documentación suficiente para que la comisión ad hoc pueda iniciar un proceso sancionador en contra de Torres Saravia.
“Y la Oficialía Mayor ha actuado con ligereza para nombrar esta comisión ad hoc sin ver si se cumplen todos los requisitos”, expresó.
En comunicación con este Diario, Delgado Guembes explicó que el Congreso puede y debe nombrar a una nueva comisión, pero recalcó que ya no puede ser integrada por las mismas personas del primer grupo, puesto que ya habrían adelantado opinión.
Lee también: Red de prostitución en el Congreso: la cadena de delitos que expone el caso y nuevas relevaciones
El abogado explicó que, si bien el Parlamento puede procesar administrativamente a Torres Saravia, no podrá imponer ninguna sanción efectiva.
“¿Cómo le puedes disminuir el salario, suspender o destituir cuando ya no es trabajador? Pero esto [una eventual sanción] constará en su hoja de servicio y puede ser un demérito que debe evaluarse para una futura contratación [en el Estado]”, concluyó.
Además…
Salhuana dice que “no hay ningún motivo” para su censura
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), consideró este jueves que “no hay ningún motivo fundamentado” para que un sector de las bancadas solicite su censura al cargo, en referencia a la denuncia de que en ese poder del Estado funcionaba una presunta red de prostitución, que habría sido promovida por Torres Saravia, un ex alto funcionario cercano a su partido.
“Yo respeto la posición de los congresistas, pero considero que no hay ningún motivo fundamentado para solicitarla [la censura], será el Congreso el que tome su decisión. Tal y como están las investigaciones en la Comisión de Fiscalización está totalmente, aparentemente, descartada la situación que motivo esta situación”, manifestó en conferencia de prensa, tras haber retornado de un viaje oficial a China.
Salhuana, además, descartó que vaya a dar un paso al costado en la conducción de la Mesa Directiva.
“No acostumbro a dar pasos al costado, tengo la obligación de estar al frente de la institución cuando las circunstancias son difíciles”, subrayó.
Al ser consultado sobre si el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, continuará en el cargo, Salhuana respondió que “esa es una decisión que vamos a tomar en la Mesa Directiva”. Añadió que dos de los vicepresidentes están fuera del país.
El portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya, presentó este jueves una moción de censura contra Salhuana con el respaldo de congresistas de cinco bancadas, entre ellas Renovación Popular, Avanza País, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista y la suya.
En el documento, que cuenta con 20 firmas, se señala que el titular del Congreso “ha incurrido en una grave Incumplimiento de funciones, al no adoptar medidas oportunas para afrontar la grave crisis moral relacionada” con la denuncia de la existencia de una red de prostitución al interior de esa institución.
Acuña se pronuncia
El líder de APP, César Acuña, exhortó, a nombre de su partido, que el Ministerio Público investigue y aclare “lo más rápido” posible la denuncia sobre una presunta red de prostitución en el Congreso.
“No se puede manchar la imagen de un partido por la culpa de terceros. Los culpables a la cárcel. No vamos a blindar a nadie. Los corruptos, los delincuentes a la cárcel”, manifestó, rodeado por los representantes políticos apepistas de cada región del país.
El también gobernador regional de La Libertad dijo que aquellos “que malogran la imagen del primer poder del Estado”, en referencia al Congreso, “no tienen corona”.
“Queremos defender la institución del Congreso. No por una, cinco personas podemos avalar a personas que cometieron actos delictivos […] Hoy más que nunca la unidad de APP”, acotó.
