— La presidenta Dina Boluarte cierra el año con 3% de aprobación y 95% de rechazo, según la última encuesta de Datum. ¿Cómo interpreta que su respaldo esté casi al mismo nivel que el margen de error?
Las condiciones sociales del país se han ido deteriorando en cuanto a la convivencia. Y creo que, en general, del primer episodio de alivio que sintieron ciertos sectores cuando Dina Boluarte asumió el poder- especialmente ciertos sectores mesocráticos, las élites empresariales- ha ido quedando claro que es un gobierno que no tiene ningún tipo de horizonte, en primer lugar. Y, en segundo lugar, no tiene ningún tipo de aspiración. Además, tiene los mismos defectos que muchos otros políticos corruptos y decadentes que han negociado el poder.
Entonces, ha habido un desencantamiento que ha sido uniforme en todos los sectores socioeconómicos, en todas las regiones del país. Digamos que Dina Boluarte ha conseguido unir a los peruanos en una gran desazón frente al establishment político, peor que cualquiera de sus predecesores. No creo que se deba de minimizar de que se trata de la presidenta que tiene menor aprobación desde que tenemos más o menos mediciones confiables de la popularidad [de un mandatario].
— Sin respaldo popular, sin una bancada en el Congreso y con un Gabinete débil, ¿Boluarte puede concluir su mandato en el 2026?
Claro que sí, porque precisamente el origen de la disfuncionalidad del sistema político peruano no está dado solamente en que una presidenta con esa popularidad se mantenga en el cargo sin que eso suscite ninguna respuesta de otro poder del Estado, como es el Congreso, ¿no? Se puede decir “una presidenta con esa desaprobación, al primer escándalo de su ministro del Interior debería merecer una censura”, [pero esto no pasa].
Normalmente, en nuestra política, a pesar de ser informal y caótica, los presidentes trataban de aminorar las crisis, por lo menos renunciaba el premier, por lo menos renunciaba el ministro que estaba denunciado, el que había ocasionado una muerte en un conflicto social. Sin embargo, lo que hemos tenido en este gobierno es una práctica sistemática de institucionalizar la cultura de la inimputabilidad política. Es decir, aquí pasa algo y nadie renuncia, sale un ministro [como Morgan Quero] declarando una tontería, el ministro del Interior comete error tras error y no sucede nada. El gobierno no ha intentado mejorar la percepción pública de su imagen porque no la necesita. Desde hace muchos meses se ha dado cuenta que para sobrevivir no necesita obligar a sus ministros a renunciar, no necesita refrescar el Gabinete, porque el Congreso en ningún momento lo ha llevado a ese escenario.
— ¿Por qué?
Bueno, sencillamente porque el Congreso también está replegando sus fuerzas y es un Congreso decadente que promueve economías ilegales, que está lleno de personajes oscuros, que va desde la promoción de la ilegalidad, sino que ahora último ha desbordado en una especie de burdelización de la política peruana.
— Boluarte debe convocar a elecciones generales en abril próximo. ¿Tras ese mes, será el momento de mayor exposición para la presidenta?
Así es. Pero en ese caso habría que preguntarse, ¿si el presidente del Congreso asumiría una presidencia transitoria? En el cálculo insignificante de nuestros parlamentarios, lo último que está en este momento es el interés general. Entonces, cualquier partido, desde APP hasta Fuerza Popular, va a rechazar abiertamente tener participación en un gobierno de transición, porque saben que eso les va a costar popularidad. Es decir, se van a exponer a la crítica de un gobierno. Las bases políticas en el Perú son tan frágiles que gobernar este país con este Congreso es un estímulo que no va a generarles ningún tipo de rédito en las elecciones de 2026.
No veo a ningún partido político que quiera asumir una misión histórica de dar a un presidente de transición frente a un gobierno que se está desarticulando. Por lo tanto, se va a mantener esa inercia, donde se ve que la presidenta y sus ministros están cuestionados, pero el Congreso no tiene nada que ofrecer frente a eso, porque el Congreso está infestado también de escándalos y denuncias. No tenemos en este momento ningún partido que pueda ofrecer una transición segura.
— Este año hemos visto que el sector que controla el Congreso ha protegido a Boluarte y a sus ministros. A la primera de las investigaciones, y a los otros de censuras. ¿Qué consecuencias puede traer, por ejemplo, para Fuerza Popular y APP, su cercanía con este gobierno?
Hay dos cosas fundamentales. Muchos han querido interpretar en esta especie de letargo en la movilización ciudadana en los últimos meses una especie de actitud de indiferencia frente a lo que sucede en el Perú. Pero cada vez yo estoy más convencido que la elección del 2026 va a ser caótica, llena de muchos candidatos presidenciales, pero que va a ofrecer una ventana de oportunidad, precisamente por la dispersión política, a fuerzas que están acumulando una serie de odios y de radicalismos que se van a expresar.
Y también como se acumula estos odios y radicalismos, también se va a expresar un coto de sanción frente a aquellos sectores que en teoría representan al establishment político, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, que han tenido su cuota de participación [en la administración Boluarte]. Muchos políticos peruanos por garantizarse impunidad en el corto plazo, están sacrificando su capital político futuro. Creo que puede haber un voto sancionador para esos partidos que, en tiempos de criminalidad y de mafias, pues se coludieron con [esos] sectores para vulnerar el interés general y que facilitan la actividad criminal.
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— ¿Es urgente un cambio en el Gabinete Ministerial? ¿Esto le puede dar oxígeno a la mandataria?
Hace mucho tiempo eso debería haber ocurrido, estamos hablando de ministros que compiten por ser los “cheerleaders” de la presidenta. Es decir, los grandes aduladores y escuderos, pero que no han exhibido ningún resultado concreto y que son protegidos por el establishment político. Hace tiempo se dijo que el ministro del Interior tenía que renunciar, que el primer ministro debía ser reemplazado, que el ministro de Economía, que se ha disparado con declaraciones prepotentes y soberbias frente a otros funcionarios con cargos técnicos en el Estado también debía de renunciar. Esta discusión la hemos tenido hace mucho tiempo, pero nadie presenta su carta de renuncia. La renovación del Gabinete no se ve como un mecanismo para sanar y aliviar las tensiones, porque los políticos han entendido que no necesitan ganarse el crédito político, porque no piensan en las elecciones de 2026, porque muchos de estos políticos van a ser olvidados en el 2026. Ellos están pensando en agendas prebendarias, patrimonialistas, inmediatistas y depredadoras del interés general.
— ¿Se refiere también a los congresistas?
Por supuesto, de todas maneras. Ellos han cogobernado con este gobierno.
— El Ejecutivo no ha observado leyes controversiales, como la que cambió la definición de crimen organizado, la que debilitó la colaboración eficaz, la que recorta los plazos de prescripción, la que eliminó la detención preliminar y hay que sumar la del Reinfo. ¿Cuál es el balance que usted realiza sobre la administración de Boluarte?
Uno de los principios de la democracia es precisamente el control y el equilibrio de los poderes, eso ha desaparecido en el Perú o en todo caso ha sido secuestrado por una élite parlamentaria que ha dimitido de su labor de controlar los actos de la presidenta. Pero también el Ejecutivo ha renunciado a cualquier acto de control que pueda tener constitucionalmente de las actividades del Parlamento. Normalmente, lo que se espera es que eso funcione en una democracia, si eso desaparece, lo que se tiene es un contubernio implícito o explícito, un matrimonio por conveniencias y apariencias que va desgastando el interés general. Eso es lo que estamos viviendo en el Perú, políticos que no tienen una concepción del interés colectivo y que lo han secuestrado para dar rienda suelta a esta especie de mercantilismo.
Lo que me parece muy paradójico es que muchas de esas observaciones en mucho otros gobiernos a muchos proyectos de ley tenían que ver con un consenso tecnocrático, de que, bueno, uno podía entender que el Parlamento podía pasar leyes, pero el Ejecutivo las observaba, porque entendía que eso iba a ser lesivo. Entonces, yo creo que eso ha desaparecido en el Perú, esa funcionalidad que hace que el tejido democrático no se vaya socavando de una manera más acelerada, y eso ha precipitado que se fortalezcan economía ilegal y redes criminales. Ese equilibrio de poderes que le da cierto nivel de funcionalidad a cualquier país se está destruyendo. Tienes un Congreso que se siente con carta libre para aprobar estas normas, pero al mismo tiempo tienes a un Ejecutivo pusilánime que parece haber canjeado la estabilidad en el cargo solamente por no llevarse mal con este Parlamento.
— Este Congreso ha tenido más de una decena de “mochasueldos”, a Los Niños, a un congresista destituido tras ser acusado por violación y ahora una presunta red de proxenetismo. ¿Es el peor Parlamento de este siglo?
Vamos a ser bastante sensatos, nunca había existido una denuncia pública sobre una red de proxenetismo operando al interior del Parlamento, me podrás decir que existían los “mochasueldos”, que había congresistas que son corruptos, que había congresistas que tenían denuncias de alimentos, sí, teníamos en otro Congreso a una “robacable”, teníamos parlamentarios nefastos. Pero esto, la red de proxenetismo, es un nuevo sótano moral. ¿Por qué? Porque no estás hablando de una situación sencilla, de una denuncia blandengue, sino de una red de prostitución al interior del Parlamento. Es decir, el crimen organizado no solamente ha logrado convencer de que aprueben algunas normas, sino que los congresistas habrían hecho uso de una red criminal para operar en una red de subsuelo moral. Y eso es algo que no lo hemos visto en nuestra historia republicana.
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— El presidente de Comex afirmó que el crimen organizado se ha instalado en el Parlamento. ¿Comparte su posición? ¿Y cuáles son los riesgos?
[…] En el Perú lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo es que los mandamases del crimen organizado, de la minería ilegal, de la tala ilegal y del narcotráfico han conseguido tener vínculos funcionales con políticos dentro de nuestro Congreso y dentro del gobierno. Entonces, esto ya no es un proceso de un enemigo externo que el Estado está combatiendo, este ya no es un proceso en el cual el crimen organizado ha desbordado los esfuerzos del Estado por combatirlo, este es un proceso en el cual el Estado desde adentro ha sido secuestrado y capturado por estas [redes] que han llegado a desmontar cualquier control que teníamos antes. Las condiciones del Perú desde hace tres o cuatro años se han ido debilitando al punto que ahora tienes a mafias criminales infiltradas dentro del Congreso. Esto no es poca cosa. ¿Cómo políticos acusados de tener una red de prostitución pueden combatir al crimen organizado? Es algo contradictorio.
— A diferencia de otros momentos, el empresariado ha criticado con dureza al Congreso por haber relajado la ley de crimen organizado y haber ampliado el Reinfo. ¿Existe la posibilidad de que desde este sector aparezca una opción electoral de cara al 2026?
Soy bastante escéptico de las elecciones de 2026. No están dadas las condiciones para un voto reflexivo, atemperado de la ciudadanía, creo que, todo lo contrario. La pobreza ha aumentado, la situación de la informalidad en los negocios, cuando uno comienza a estar unos días en el Perú, te das cuenta de que las condiciones de vida social y de los vínculos colectivos se han deteriorado. Entonces, hay mucho más transporte informal, mucha más delincuencia, mucho más caos y una clase media más debilitada. Si sumas todo eso, es muy difícil que el elector vaya a procesar esto de una manera racional. Yo creo que va a haber un voto más emocional, sancionador y reactivo. Soy muy escéptico de esas propuestas mesuradas y racionales.
— Con el pasar de los años existe un deterioro de la representación parlamentaria. ¿Qué se puede hacer para que no se elija a un Congreso como el actual?
El asunto es que los estímulos para que la gente participe en política han disminuido mucho, porque en general lo que hemos visto es que la gran mayoría de políticos termina en la cárcel, con un juicio que dura muchos años, con una denuncia que es irracional. Se ha perseguido a buenos funcionarios y se ha ocultado a los delincuentes. Esto es un problema más profundo. Los jóvenes no se meten en política, no participan de esta, porque es muy lesivo contra sus carreras. A mí me parece que esto es consecuencia de los escándalos Lava Jato, ha sido muy duro para muchos que han participado en política darse cuenta que todos, tras el retorno de la democracia, estaban implicados en corrupción, ya no estamos hablando de Fujimori y de Montesinos, estamos hablando de todos los presidentes que vinieron después.
[…] Ahora si tú sumas eso y lo correlacionas con la cantidad de jóvenes que han salido del país para no regresar desde el 2022, lo que tienes es una demostración empírica de que el Perú está fracturado y que meterse a resolver los problemas es imposible con esta clase política dirigente. El país no está en una crisis económica terrible, tampoco en una hiperinflación galopante ni con Sendero Luminoso tomando las calles.
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— Desde la renuncia de PPK a la Presidencia, el país está sumergido en una crisis que no parece tener fin. ¿Cuál es la ruta de salida a esta degradación?
En principio es reconocer que los problemas que tenemos son mucho más complicados de resolver que una sola elección, creo que eso es básico, que tanto la élite empresarial como la élite política, como la gente decente que quiere meterse en política en este momento reciba el mensaje de que los problemas no se van a solucionar con la elección de 2026. ¿Por qué? Porque probablemente quiénes están trabajando para la elección de 2026 ya lo vienen haciendo desde hace 10 años con equipos. En segundo lugar, en general hay que devolverle al Perú el sentido de urgencia y la esperanza.
La esperanza que ha sido secuestrada, porque precisamente lo que tienes es a una generación de peruanos que abandona el país, a pesar de no estar sufriendo la peor crisis económica ni estar frente al peligro de Sendero Luminoso, como era en los años 80′. ¿Entonces, cómo le devuelves eso al país? Tiene que haber un proceso de volver a convertir instituciones, que eran meritocráticas y respetables, en serias. Y parte de eso es que el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público devuelvan la fe a las personas. Este es un proceso que no solamente tiene que ver con el Congreso en general, sino con cómo devolvemos la conciencia colectiva al Perú. Y es un proceso muy difícil, porque todos los estímulos que tenemos alrededor nos van diciendo que los peruanos, especialmente los jóvenes, han perdido la confianza. Y ese proceso parte no solamente por una reforma política mínima, por entender que tenemos instituciones informales, sino parte por entender que el país como tal es uno que está descabezado y necesitas la contribución de muchos sectores, desde la sociedad civil, las regiones y otros, que ayuden en la construcción de un plan articulado. Se necesita de una alianza muy grande para superar este velo de descrédito y de desesperanza.
