El pasado 10 de diciembre, Vidal fue víctima de un atentado armado en La Victoria. El taxi en el que iba recibió más de 60 impactos de bala. En el lugar falleció el chofer, mientras que ella luchó por su vida durante siete días, pero finalmente falleció. Se supo que desde setiembre de 2023 hasta setiembre del presente año trabajó como asesora legal en la oficina de Torres Saravia.
En comunicación con El Comercio, el exfuncionario no explicó con claridad a qué se debió el despido de Andrea Vidal del Congreso. Indicó que su puesto no se trataba de un cargo de confianza; sin embargo, señaló que las labores de ella terminaron en setiembre de este año porque “se acabó la confianza”. Precisó que dicha decisión la tomó la oficina de recursos humanos, mas no su persona. “No somos full amigos, pero sí me hablaba, me escribía”, dijo sobre su cercanía con Andrea Vidal.
“En el cargo, ella -Vidal- es contratada con el régimen 728 y tienen contratos de 3 meses […] Tú me dices por qué la sacaron, porque me imagino que se le acabó la confianza. Así como se la quitaron a los demás”, agregó mencionando que además de Vidal, otras 7 personas fueron despedidas. Asimismo, resaltó que las labores de Vidal consistían en revisar expedientes e informes jurídicos.
Fuentes de política de El Comercio han indicado que incluso los jefes y personas de cargos importantes dentro del Congreso, como el que tenía Torres Saravia, son quienes escogen quiénes trabajan con ellos y también deciden cuándo la relación laboral termina. Indicaron que si se llega a probar la existencia de la presunta red de prostitución dentro del Congreso, demostraría una grave crisis al interior de la institución.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, indicó que el 26 de diciembre se convocará una reunión de urgencia, en la que deberán estar presentes los investigados. “Este tema tan escabroso, relacionado con la presunta red de prostitución y los asesinatos de dos personas, amerita que la Comisión de Fiscalización tome cartas en el asunto”, declaró el parlamentario.
Por su parte, Torres Saravia explicó que ha presentado una denuncia por difamación agravada en contra de los periodistas Beto Ortiz y Ángel Chanta Marcelo, tras la difusión de las entregas periodísticas que lo relacionan con una mafia de trabajadoras sexuales.
Acerca una denuncia por violación que recae en su contra, agregó que el hecho data del año 2020 y que en la actualidad el caso está archivado. “En 2020 se archiva mediante una disposición de no formalización de investigación preparatoria. Esto lo hace un representante del Ministerio Público bajo los medios probatorios donde se determina que no hubo contacto sexual”, indicó a este Diario.
“Me causa molestia e incomodidad las declaraciones vertidas en mi contra. Yo me allano a todas las investigaciones que sean requeridas por el Ministerio Público y el Congreso de la República. Soy el primer interesado en que se limpie mi honor”, concluyó Torres Saravia.
El congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso (APP), y expresidente del Congreso, negó la existencia de una presunta red de prostitución en el Congreso. Asimismo, negó cualquier vínculo con Torres Saravia, en diálogo con RPP.
“Tengo que rechazar esas afirmaciones tendenciosas y calumniosas que se vienen efectuando a través de distintos medios de comunicación. Yo no sé cuál es la base, o cuál es el argumento, o cuál es la prueba que demuestre que en el Congreso haya una red de prostitución”, manifestó.
Torres Saravia indicó que si bien no tiene una relación amical con el congresista Soto, aceptó haber compartido espacios de trabajo con él. En tanto, Soto exigió una profunda investigación. Cabe resaltar que en agosto de 2023, Torres Saravia emitió un informe exculpando a Soto de nepotismo por la contratación de Yeshira Peralta, tía de su hijo, en su oficina.
Recientemente, el partido Alianza para el Progreso emitió un comunicado donde precisó que Torres Saravia nunca ha pertenecido al partido político. “Rechazamos de manera categórica cualquier intento de vincularlo con nuestra organización política. Estas afirmaciones son falsas, irresponsables y solo buscan confundir a la ciudadanía y afectar nuestra imagen institucional”, añadieron.
Su abogado, Benji Espinoza, indicó que las acusaciones en contra de su cliente son graves y carentes de pruebas. “Es una acusación grave que no presenta pruebas de que haya una red de prostitución. Vamos a ponernos a disposición de la Fiscalía para que se brinden todas las aclaraciones. Vamos a ir con los documentos para establecer cómo se habla de una red”, afirmó.
¿Cómo funcionaba la presunta red en el Congreso?
Según el reportaje emitido la semana pasada, la presunta red de prostitución estaba liderada por Jorge Luis Torres Saravia, conocido con el alias de ‘Koki’, un militante de Alianza para el Progreso (APP) y hombre de confianza de César Acuña, líder del partido mencionado. En la entrega periodística, una extrabajadora del Congreso declaró que Torres Saravia habría contratado a mujeres sin experiencia para cubrir diversos puestos, cuando en realidad estaban supuestamente recluidas para realizar trabajos sexuales.
El informe menciona que Vidal actuaba como la presunta cómplice de Torres Saravia, y era ella quien aparentemente se encargaba de captar a las mujeres para colocarlas como asesoras o secretarias. Así la joven de 28 años también habría obtenido su puesto de asesora legal, bajo la presunta recomendación del excongresista Luis Valdez, señaló el programa.
La hipótesis presentada en el informe periodístico sugiere que Vidal habría sido víctima del atentado debido a que, tres meses antes, fue destituida de su puesto de asesora legal tras una discusión con Torres Saravia. Es así que habría sido silenciada por conocer información comprometedora sobre las acciones criminales de Torres Saravia dentro de la institución.
El mismo programa, “Beto a Saber,” reveló que en 2020 una mujer denunció a Torres Saravia por una presunta violación sexual durante la campaña del excongresista Luis Valdez. Según la víctima, fue drogada y abusada. Un audio divulgado en el programa parece mostrar que Torres Saravia habría admitido la acusación y ofrecido una indemnización.
Cabe destacar que Vidal trabajó en el Gobierno Regional del Callao en 2019, con un sueldo de S/ 15.000. Hasta septiembre de este año, se desempeñó como asesora en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, donde recibía un salario mensual de S/ 10.000. Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Vidal era abogada, pero no tenía especialidad ni maestría registrada.
