El juez Ubaldo Callo Deza, a cargo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, homologó el acuerdo de colaboración eficaz al que arribaron la constructora peruana ICCGSA, la fiscalía y la procuraduría ad hoc, en el marco del Caso Lava Jato.
MIRA: “La torta se la comen ellos solos”: la confesión y los chats de José Hernández sobre las presuntas coimas a Martín Vizcarra por el Hospital de Moquegua
Son un total de 19 proyectos en los cuales la empresa, así como cinco de sus ejecutivos, reconocieron haber participado en delitos de corrupción, admitiendo su culpabilidad y por lo que se deberá pagar una reparación civil de más S/181.1 millones, a lo largo de diez años, además de los intereses legales.
La decisión adoptada por el Poder Judicial fue informada por la Procuraduría Pública Ad Hoc para el Caso Lava Jato, que precisó que la homologación del acuerdo ocurrió el último 26 de noviembre.
“Significa un monto de reparación civil importante que el Estado empezará a cobrar de manera adelantada, a la par que se fortalecen los casos ‘Hospital de Moquegua’ y ‘Club de la Construcción’, donde están involucrados los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala”, dijo la procuradora ad hoc Silvana Carrión. Se agregó que este es el quinto acuerdo de colaboración de esta naturaleza al que se llega en el mega caso de corrupción.
Además de los 19 proyectos, donde se admite culpabilidad, la constructora también reconoció el haber participado en 34 licitaciones públicas para dar una apariencia de “competencia”, bajo el esquema en el que operaba el denominado “Club de la Construcción”.
Parte del acuerdo implica que ICCGSA no podrá iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos por los proyectos que forman parte del proceso, ya sea a nivel nacional o internacional.
El alcance y todo lo que se viene
La homologación del acuerdo de colaboración se da, en esencia, mientras se lleva a cabo el juicio en contra del exmandatario Martín Vizcarra, en su condición de exgobernador de Moquegua (2011-2014), y en donde se discute un pedido fiscal de 15 años de cárcel en su contra.
Una de las dos obras implicadas está relacionada precisamente con ICCGSA: el Hospital de Moquegua, en donde, según la tesis del Ministerio Público, se habría pactado un pago ilícito de S/1,3 millones para Vizcarra Cornejo.
Sobre este extremo, su otrora hombre de confianza José Manuel Hernández declaró en el juicio el último martes, admitiendo haber sido el intermediario entre el exgobernador y los representantes de la constructora para el millonario acuerdo. Todo esto, a cambio que no se observe la buena pro del proyecto en cuestión.
Precisamente, ahora se tiene previsto que el próximo lunes 16 se presenten en audiencia tres directivos de ICCGSA para que brinden su testimonio sobre los hechos atribuidos a Vizcarra. Se trata de Fernando Castillo Dibós, Javier Jordán y Rafael Granados.
Abogados penalistas consultados por El Comercio coincidieron en que para que la constructora haya alcanzado el acuerdo de colaboración eficaz —ahora validado por decisión judicial— tiene que, en principio, haber reconocido delito, pero también haber aportado información inédita para los operadores de justicia.
“Significa que existe un acuerdo en el cual ha habido una negociación legal, un intercambio entre la información absolutamente valiosa y relevante que proporciona la empresa ICGGSA y sus cinco ejecutivos, aportando información que difícilmente hubiera podido conseguir [la fiscalía] por sus propios medios y, a cambio obtienen, un beneficio de reducción de pena”, explicó el abogado penalista Daniel Jurado a El Comercio.
En tanto, el abogado penalista Luis Lamas Puccio apuntó que “tiene que haber sido información inédita, selecta, que no se conocía y que, evidentemente, ha permitido conocer otras facetas del proceso de corrupción”. “Ya no se pone en tela de juicio o se discute si eres culpable o no, estás aceptando en el delito que motiva la colaboración”, acotó Lamas Puccio.
Jurado comentó que la homologación del acuerdo puede tener implicancia en el juicio contra Vizcarra, en la medida de que las personas que declaren y estén bajo este acuerdo deben colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Es decir, si ya han aceptado el haber cometido delito, así tendrá que ratificarlo en el juicio.
“Ir a un juicio oral en el cual, fuera del principal acusado, todos los demás se han acogido a la colaboración eficaz o, en cierta medida, están admitiendo su culpabilidad, por supuesto que complica su situación [de Vizcarra]. Porque con cada declaración que se brinde en ese sentido, se va afianzando la hipótesis fiscal”, incidió.
A fines de noviembre, ya se había conocido la aprobación de la colaboración eficaz de Obrainsa, la otra constructora implicada en el caso contra Vizcarra. Junto a dos de sus exdirectivos, reconoció haber participado en delitos de corrupción en 11 proyectos.
