MIRA: Elon Musk vs los F-35: ¿podría EE.UU. reemplazar a su avión de combate más importante por drones?
La investigación ahonda en los hechos que rodearon los acontecimientos del 8 de enero del 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, la corte suprema y el Congreso en Brasilia. Habían pasado pocos días de la investidura de Lula y muchos partidarios de la derecha no estaban satisfechos con un cambio de rumbo en el país.
El informe policial es contundente al acusar a Bolsonaro como uno de los principales líderes del complot. Según las pesquisas, el exmandatario participó en la construcción de una “narrativa” para generar dudas sobre el sistema de voto electrónico, lo que avivó los cuestionamientos a los resultados de los comicios del 2022. También habría elaborado un decreto que serviría para una ruptura institucional a través de la imposición de un “estado de defensa” para evaluar la validez del proceso electoral.
“La evidencia recopilada a lo largo de la investigación muestra inequívocamente que el entonces presidente Jair Messias Bolsonaro planeó, actuó y estaba directa y efectivamente consciente de las acciones de la organización criminal que buscaba llevar a cabo un golpe de Estado y eliminar el estado de derecho democrático, lo cual no ocurrió debido a razones ajenas a sus deseos”, asegura el documento, que apunta que el plan golpista se “abortó” en último momento por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.
El texto va más allá cuando afirma que Bolsonaro tuvo conocimiento de la existencia de un plan tramado por militares golpistas para “envenenar” a Lula da Silva. El magnicidio, a realizarse dentro de la operación ‘Puñal Verde y Amarillo’, buscaba ejecutarse antes de la investidura de Lula, el 1 de enero del 2023. También pretendía eliminar al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, en la época jefe del Tribunal Superior Electoral y ahora relator de esta causa, señala la agencia Efe.
Para llegar a estas conclusiones la Policía Federal se basa en interceptación de comunicaciones, documentación bancaria y la confesión del secretario personal de Bolsonaro durante su gobierno, el teniente coronel Mauro Cid.Todo ello llevó a la Policía Federal a acusar al exmandatario de los delitos de eliminación violenta del estado de derecho, montaje de un golpe de Estado y formación de una organización criminal. También presentó cargos ante la Justicia contra otras 36 personas, entre ellas varios militares de alto rango y antiguos ministros del Gobierno del derechista.
¿Qué tan sólidas son las acusaciones contra Bolsonaro? “La investigación aún debe ser analizada cuidadosamente, pero lo que se ha revelado hasta ahora muestra grabaciones, pruebas de impresión dentro del Palacio de Planalto (sede del gobierno federal de Brasil) e intercambios de información que conducen a la articulación de un intento de golpe con la participación de miembros del gobierno. Ahora toca analizar la afirmación de la investigación de que Bolsonaro participó de forma competente en el plan”, dice a El Comercio Daniela Neves, doctora en Ciencia Política y especialista en elecciones en Brasil.
Lo cierto es que la actuación del exmandatario en torno al proceso electoral del 2022 ya era complicada antes de la publicación de este informe. Antes de los comicios de ese año, el TSE dictaminó que Bolsonaro había abusado de su poder para lanzar dudas infundadas sobre la fiabilidad del sistema de votación, y lo declaró inelegible para ocupar cualquier cargo público hasta el 2030. Específicamente, el líder derechista afirmó repetidamente y sin pruebas que el sistema de votación electrónica del país era propenso a fraudes.
Futuro político en duda
Pese a lo complicado de su situación, Bolsonaro sigue al frente de la oposición brasileña y ha negado haber cometido algún ilícito o haber tenido conocimiento de cualquier complot para desconocer las elecciones del 2022. “Tienen que estar involucradas todas las fuerzas armadas, si no, no existe golpe. Nadie va a dar un golpe con un general de reserva y media docena de oficiales”, afirmó el lunes.
Tras la presentación del informe de la Policía Federal, es el fiscal general, Paulo Gonet, quien deberá decidir si imputa al expresidente y los demás sospechosos. Bolsonaro podría ser culpado por los crímenes de “abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal”, delitos que pueden implicar hasta 28 años de cárcel, según las leyes brasileñas.
Para Neves, la evidencia de conexiones entre personas cercanas a Bolsonaro y la relación con los ataques antidemocráticos del 8 de enero contra los tres poderes del Estado hacen que la situación de Bolsonaro sea complicada. “Esto podría perjudicarlo si pierde el apoyo popular y el de los líderes de la derecha. Por el momento, los líderes de ese sector esperan sin pronunciarse”, apunta.
Pese a estar inhabilitado, Bolsonaro ha insistido en que se postulará como candidato en las elecciones presidenciales del 2026 y ha intentado restar importancia a la gravedad de la situación, afirmando que es parte de una campaña de persecución política por parte del poder judicial en su contra.
Una prueba de que quiere mostrarse activo y relevante es que, aunque tiene prohibido viajar fuera de Brasil, ha pedido permiso para asistir a la toma de posesión de Trump en enero.
“Aún es pronto para conocer el alcance de las acusaciones, pero podrían agravar la situación jurídica y política del expresidente y afectar a sus planes electorales”, dice Neves.
Fábio Kerche, profesor de ciencias políticas en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, dijo al diario “The New York Times” que las nuevas acusaciones contra Bolsonaro representan una noticia terrible para la extrema derecha.
Sin embargo, destacó que incluso si el exmandatario es sometido a juicio, podría mantener el apoyo de sus seguidores más acérrimos. “Bolsonaro podría hacer lo que quisiera y ellos seguirán apoyándolo”, señaló.
Los otros casos en su contra
Bolsonaro ha sido objeto de varias investigaciones desde que dejó el cargo. La Policía Federal lo ha acusado de contrabandear dos juegos de joyas de diamantes por parte de Arabia Saudita e impedir que se las incorpore a la colección pública de la presidencia.
La Policía Federal también presentó cargos por fraude contra el expresidente derechista como parte de la investigación de una red ilícita en la que presuntamente participaron militares, asesores, políticos y médicos para falsificar cartillas de vacunación del COVID-19 con el fin de burlar las normas sanitarias durante la pandemia.
Por ese caso, la policía halló indicios suficientes para procesar a Bolsonaro y a los otros 16 involucrados por delitos de asociación criminal e inserción de datos falsos en el sistema público de información. La condena por falsificar los datos de salud podría llegar a entre dos y 12 años de prisión.
Neves afirmó que las alegaciones, premisas y pruebas presentadas en varias acusaciones contra Bolsonaro hacen que la situación jurídica del exmandatario sea cada vez más complicada.
