Las cifras del primer mes del estado de emergencia coinciden con lo alegado por los alcaldes. De los 14 distritos en los que rigió la medida, 10 continuaron registrando incrementos en las denuncias por extorsión para octubre, según el registro del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (aún no se actualizan las cifras de noviembre en el sistema).
El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, recuerda que la declaratoria se dio sin comunicación o reunión previa con las autoridades locales. Es por ello que los operativos conjuntos (Serenazgo, Policía y Fuerzas Armadas) en su distrito no se dieron hasta la quincena de octubre con la llegada del general PNP Carlos Valer Cruces. “Recién se procedió a diseñar una estrategia de operativos tanto de prevención (PNP-Serenazgo) y de investigación con la incorporación de personal de inteligencia, para la desarticulación de bandas criminales dedicadas a la extorsión, con lo que hemos logrado capturar, el sábado pasado, a un sujeto de nacionalidad extranjera que venía extorsionando a los comerciantes de un mercado en Condevilla”, explicó Sifuentes.
En la misma línea se pronunció el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga: “Debemos dividir el estado de emergencia en dos partes: los primeros 30 días que no se sintió, no había patrullaje, no había estrategia, no habían operativos, no había recursos, algo que se le dijo al ministro de Interior en una reunión que sostuvimos, en la cual se comprometió a incrementar los efectivos de la PNP y poner al mando a un general en el distrito”.
El alcalde de Ancón, Samuel Daza, apuntó que, durante el estado de emergencia, existió “poco nivel de coordinación con la autoridad municipal” y “un patrullaje durante las 24 horas”. Pese a ello, reconoció que en su jurisdicción han disminuido los casos de homicidios y extorsiones.
Esta es la segunda vez que el gobierno de Dina Boluarte recurre al estado de emergencia como respuesta a la escalada de denuncias por delitos vinculados a la delincuencia. En 2023, Boluarte lo hizo en cuatro distritos capitalinos: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Lince. Tras la medida, un informe de ECData demostró que no se observaron resultados consistentes.
Ventanilla (Callao), Rímac, Santa Rosa y San Juan de Lurigancho fueron los únicos cuatros distritos que registraron un descenso en las denuncias por extorsión durante el primer mes del estado de emergencia. Para el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, la principal diferencia fue el incremento del personal policial, lo cual permitió un incremento no solo en los operativos, sino también en las acciones de patrullaje, e intervenciones con los programas preventivos.
“El estado de emergencia nos ha permitido incrementar en las comisarias de Ventanilla, Pachacutec y Villa los Reyes unos 86 efectivos policiales y 6 unidades móviles. Es decir, territorialmente tenemos mayor cobertura de seguridad, especialmente del patrullaje motorizado; pero estas condiciones coyunturales que se presentan deberían convertirse en permanentes, pues el distrito tiene un espacio geográfico de 73.5 km2 y aproximadamente 400,000 habitantes”, explicó Vásquez.
El incremento de efectivos policiales es un punto destacado por los alcaldes en estado en emergencia, pero estas movidas benefician a unos y perjudican a otros. En Lima, de los 30 distritos que no fueron declarados en emergencia, 14 registraron incrementos en las denuncias por extorsión (15 si incluimos a la jurisdicción de Lima Cercado).
Si analizamos el panorama a nivel general, en Lima también se registró un incremento en el nivel de denuncias por extorsión: pasamos de 483 denuncias en julio a 796 en octubre. Si ponemos la lupa en el primer mes del estado de emergencia, la cifra de denuncias se incrementó en un 22% entre setiembre y octubre.
¿Y los homicidios?
La cifra de denuncias por homicidios también vienen en incremento a nivel nacional. Hemos pasado de 1.915 en 2023 a 2.027 en 2024: un incremento de 5,8%, según el registro del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales.
Esto contradice a lo aseverado por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien aseguró en una entrevista con Punto Final que las denuncias por homicidios habían “bajado” respecto al año pasado.
En lo que respecto a homicidios por arma de fuego en Lima, se puede observar una baja en la cifra de denuncias comparado a octubre 2023. Sin embargo, si comparamos el global entre enero y octubre, las cifras del 2024 (530 denuncias) superan a las del 2023 (431 denuncias).
En Lurigancho-Chosica, el alcalde Oswaldo Vargas informó que, si bien durante el estado de emergencia se redujo en 9.9% las denuncias por robos, han sufrido un “alarmante incremento” de denuncias por homicidio en un 166.7% respecto al 2023.
¿Se viene una ampliación?
El pasado 29 de octubre, el Ministerio del Interior realizó una mesa técnica con los alcaldes que se encuentran en estado de emergencia. El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, indicó a El Comercio que en dicha jornada, el ministro Juan José Santiváñez les confirmó que el gobierno evaluaba ampliar por otros dos meses el estado de emergencia. De La Rosa anunció que solicitará la ampliación por cuatro meses para su distrito.
Por su parte, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, remitió un oficio al ministro Santiváñez solicitando la ampliación por 60 días. “Para garantizar la continuidad de las acciones conjuntas entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Municipalidad distrital, así como atender de manera integral los factores de riesgo que afectan la seguridad ciudadana y el bienestar de nuestra población”, dijo el alcalde chalaco.
El alcalde Oswaldo Vargas, de Lurigancho-Chosica, justificó el pedido “por cuanto existe probabilidad que las acciones de extorsiones se incrementen por las fiestas de navidad y año nuevo”. Lo mismo acotó el burgomaestre Reynaga de Independencia: “Debería ampliarse el estado de emergencia cómo estamos a puertas de las fiestas navideñas y de fin de año y necesitamos seguir haciendo operativos y seguir haciendo un labor disuasiva y preventiva, pienso que debería ser dos meses más para tener un mejor control de la inseguridad de nuestro distrito”.
Otro burgomaestre que se mostró a favor de una ampliación de 60 días fue Samuel Daza de Ancón.
Hernán Sifuentes, autoridad edil de San Martín de Porres, fue el único que exigió una mejor planificación antes de pensar en una ampliación del estado de emergencia. “Sería mejor que los responsables de la seguridad, en coordinación con nosotros que conocemos nuestros distritos, nos sentemos durante una semana y salga un plan estratégico para la lucha contra la criminalidad. Un plan que permanezca en el tiempo y sobrepase a los ministros y comandante generales de la Policía, y que sea revisado de manera trimestral para realizar ajustes. La sola declaración del estado de emergencia, sin un plan es solo eso una declaración”, advirtió.
En los próximos días se conocerá, a través del diario oficial El Peruano, si el gobierno se decide por la ampliación para que algunos distritos pasen fiestas navideñas en estado de emergencia.
