La acusación fiscal contra el expresidente es haber solicitado y recibido S/ 1 millón de la constructora Obrainsa a cambio de “información privilegiada” para mejorar su oferta y ganar el proceso de licitación del proyecto Lomas de Ilo.
Además, se le acusa de recibir S/ 1.3 millones de la constructora ICCGSA para no observar y acceder a firmar el contrato que les dio la buena pro de la obra Hospital de Moquegua. La defensa de Vizcarra rechaza la imputación.
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Si bien la selección y el desarrollo de ese proceso estaba a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), los testigos corroboraron -tal como señala la fiscalía en su acusación- que este organismo concluyó su labor dando una recomendación sobre quién debía ganar, pero que la buena pro era finalmente otorgada por el Gobierno Regional de Moquegua, liderado por Martín Vizcarra.
En la audiencia de este lunes, declararon cinco testigos ofrecidos por la fiscalía, pero a los que también se había adherido la defensa del acusado. Todos eran exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua o de una de sus dependencias, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), durante la gestión de Martín Vizcarra como gobernador o presidente regional.
De los cinco testigos, el que tuvo un puesto más alto es Edmer Trujillo Mori, quien fue gerente general del Gobierno Regional (2012-2014), cargo de confianza en que lo nombró el entonces gobernador Vizcarra.
Luego, integró el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski junto a Vizcarra, como ministro de Vivienda (2016-2017). Finalmente, fue ministro de Transportes en dos periodos (2018-2019 y 2019-2020) cuando el hoy acusado fue presidente (2018-2020).
Actualmente, ambos son investigados a nivel preliminar por la Fiscalía de la Nación en el caso conocido como ‘Los Intocables de la Corrupción’. Allí se investigan presuntos pagos de sobornos de constructoras peruanas y chinas a favor de Martín Vizcarra, pero ya durante su etapa como presidente.
Además, ambos tienen otra investigación por el caso Hospital de Moquegua. Esa otra carpeta fiscal está ligada a la etapa de ejecución del proyecto y está a cargo de la misma fiscalía que acusa a Martín Vizcarra en este juicio por la presunta recepción de coimas.
Las respuestas de Edmer Trujillo
Interrogado por el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, Edmer Trujillo declaró que el Gobierno Regional de Moquegua y la UNOPS firmaron un “convenio” para que esta lleve a cabo licitaciones de proyectos. “Lo suscribe el presidente regional (Martín Vizcarra), previo acuerdo del Consejo Regional, que autoriza la suscripción”, indicó.
“La propuesta es elevada al consejo regional por el presidente regional”, enfatizó.
Indicó que también había propuestas para trabajar con otros dos organismos internacionales, que también fueron evaludas por la gerencia general. “Yo participé en la sesión del Consejo Regional (…) Debatieron y tomaron una decisión: autorizar al gobernador a suscribir ese convenio”.
Luego, precisó que el convenio no le daba a la UNOPS la facultad de dar la buena pro al ganador del proceso de licitación: “No tenía la facultad de adjudicar. El convenio establece que lo que llevaba adelante UNOPS eran los actos preparatorios, el mismo proceso de selección y culminaba recomendando que se adjudique la buena pro a la entidad”.
“Era la entidad, el gobierno regional, quien determinaba otorgar la buena pro de la suscripción del contrato. El convenio también establece con claridad que quien representa a la entidad era el presidente regional, por el lado del Gobierno Regional de Moquegua”, detalló.
El fiscal Germán Juárez le consultó luego si la recomendación de la UNOPS daba la opción de que la presidencia del gobierno regional, a cargo de Martín Vizcarra, observe o no proceda con la firma de ese contrato. “Podría ser, si es que habían causas o razones que los justifiquen”, respondió Edmer Trujillo.
Pese a ello, quien terminó firmando el contrato de la licitación fue el gerente general del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, donde Martín Vizcarra, como gobernador o presidente regional, también era presidente del Consejo Directivo.
El fiscal le preguntó si el gerente general necesitaba una autorización o un visto bueno del gobierno regional antes de firmar el contrato. “El gobierno regional tenía que tomar la decisión respecto al otorgamiento de la buena pro. Si esta ya se tomó por parte de la entidad, Pasto Grande tenía que firmar los documentos que siguen”, respondió.
Luego, el fiscal le preguntó por el Hospital de Moquegua. De forma similar a Lomas de Ilo, también se acordó con la UNOPS para hagan el proceso de licitación. “Fue exactamente el mismo procedimiento”, indicó.
En ese caso, el contrato con el consorcio ganador, integrado por ICCGSA, fue firmado por Nelly Salazar (hoy fallecida) como directora regional de Administración.
Al respecto, el testigo indicó que “la facultad de la firma de los contratos la tenía el presidente regional Martín Vizcarra, lo que sucede es que hace una delegación a la directora regional de Administración para que ella pueda suscribir los contratos. Pero es claro que la facultad era del presidente regional Martín Vizcarra”, insistió.
En su contrainterrogatorio, el abogado de Martín Vizcarra apuntó a que su defendido solo cumplió lo acordado por el Consejo Regional y a que el presupuesto usado para la obra era del Proyecto Especial y no del Gobierno Regional. “Por lo menos parte, sí”, respondió el testigo.
Frente a otra pregunta de la defensa, dijo que la facultad de firmar los contratos vinculados al Proyecto Especial Pasto Grande no era del presidente regional, sino del gerente regional. “Otorgada la buena pro, el contrato debe suscribirse, salvo situaciones que hagan imposible la firma”, añadió.
Más testigos
El siguiente testigo fue José Donaldo Barrientos, gerente de Proyectos y Desarrollo Agrícola del PERPG durante la gestión de Martín Vizcarra. Según dijo, conoció al futuro presidente en 1987 y admitió que tenía con él “una relación de amistad”. “Allí en Moquegua todos nos conocemos”, dijo.
Según explicó, su gerencia estuvo encargada de elaborar el expediente técnico del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. “El expediente técnico contenía estudios básicos de ingeniería, diseños constructivos y también el presupuesto de obra”, detalló. “El costo fue de alrededor de S/ 70 millones. Contaba con una certificación presupuestal”.
En la misma línea, indicó que la licitación fue llevada adelante por UNOPS, a través del convenio firmado por Martín Vizcarra como presidente regional. “(La UNOPS) no publicó (el valor referencial de la obra), era un tema reservado. No se regía por la ley de contrataciones, ellos tenían sus propias normas”exclamó.
Añadió que esos S/ 70 millones no eran necesariamente el valor referencial que debía tomar UNOPS dentro del proceso de licitación, porque “ellos hicieron su propio estudio de mercado”. Por ello, concluyó que “no es lo mismo” el valor referencial que estaba en el expediente técnico que el valor referencial que manejaba UNOPS.
Esa cuestión es importante para la tesis fiscal: el Ministerio Público argumenta que ese valor fue la “información privilegiada” que dio Martín Vizcarra a Obrainsa a cambio de acordar el pago de la coima. La oferta del consorcio conformado por Obrainsa para ganar el contrato, supuestamente a partir de ese acuerdo, fue de S/ 81 millones.
Finalmente, el exfuncionario ratificó que la UNOPS no era quien adjudicaba la buena pro al consorcio, sino que “solo daba recomendación”. “(La recomendación se la hacían llegar) al gobierno regional, entiendo. Porque firmaron el convenio con el gobierno regional”.
“De acuerdo al convenio, la UNOPS recomendaba al gobierno regional para la adjudicación. (¿El gobierno regional tenía que dar la autorización para que se suscriba el contrato?) Entiendo que sí, por el convenio”, declaró. “La UNOPS recomendó al Gobierno Regional de Moquegua y se supone que este luego autorizó (la firma del contrato) al Proyecto Especial Pasto Grande”, señaló.
Barrientos también manifestó que Martín Vizcarra era presidente del Consejo Directivo del PERPG (Proyecto Especial Regional Pasto Grande) y que el gerente general, quien firmó el contrato, dependía de este. “(El Consejo Directivo) es la máxima autoridad del proyecto (…) Debía tener conocimiento (del contrato que se iba a firmar con el consorcio ganador), declaró.
En otro momento, indicó que entre los que tenían conocimiento del presupuesto total para ejecutar la obra estaba “el gobierno regional”.
A su turno, la defensa de Martín Vizcarra buscó enfatizar que la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del PERPG era el gerente general, dejando de lado el Consejo Directivo que presidía su defendido, y que el proyecto tenía autonomía. “Como unidad ejecutora, sí (tiene autonomía)”, le respondió Barrientos.
El abogado le preguntó directamente si el gerente general era “el órgano de mayor nivel jerárquico y la máxima autoridad administrativa” del proyecto especial. “Sí. Pero sobre el gerente, estaba el Consejo Directivo”, replicó el testigo. No obstante, luego agregó que las decisiones administrativas las tomaba la gerencia general.
Al final de su interrogatorio, indicó que él no tenía conocimiento del valor estimado por UNOPS para la obra y que no podía haberle informado de ello al expresidente. Añadió que no tiene conocimiento directo si hay algún documento en que el Gobierno Regional dé la autorización al PERGP para que se firme el contrato de Lomas de Ilo y que no sabe si Martín Vizcarra dio personalmente ese permiso.
El siguiente testigo fue Juan Carlos Valdivia, exjefe de la oficina de Administración del PERPG, quien explicó que su área elaboró el contrato para la obra, entre Obrainsa y el proyecto especial. Dijo que el monto del contrato se elaboró a partir de “los documentos y formalidades que nos trasladó UNOPS”.
Durante su declaración, también explicó que el proceso de selección fue encargado a la UNOPS. Sin embargo, dijo no recordar quién presidía el Consejo Directivo del PERPG y que no sabe si la presidencia regional tenía conocimiento de que se iba a firmar el contrato con Obrainsa.
A diferencia de los primeros dos testigos, Valdivia también dijo que no sabía que a quien le correspondía adjudicar la obra era al Gobierno Regional de Moquegua o que lo de UNOPS era solo una recomendación. Además, aseguró que no conocía los términos del convenio entre ambos entes.
De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, este testigo fue militante y uno de los fundadores del movimiento regional Integración Regional Por Ti, con el que Martín Vizcarra fue elegido gobernador de Moquegua para el periodo 2011-2014.
El cuarto testigo fue Pablo Ramírez Delgado, consejero regional del Gobierno Regional de Moquegua durante la gestión de Martín Vizcarra. Su declaración se refirió principalmente al acuerdo en el Consejo Regional para trabajar con la UNOPS en el proceso de licitación del proyecto Lomas de Ilo, “a solicitud del ingeniero Martín (Vizcarra)”.
No obstante, no pudo precisar a quién le correspondía adjudicar la buena pro del proyecto o quién presidía el directorio del PERPG. “No recuerdo bien eso, desconozco”, expresó.
El testigo Ramírez Delgado figura en el ROP como militante del partido Perú Primero, que lidera el acusado Martín Vizcarra y con el que este busca postular a la presidencia, pese a estar inhabilitado. Una eventual condena por este caso solo reforzaría la imposibilidad del exmandatario de ser candidato.
Leonardo Peralta, gerente de Infraestructura del PERPG en la gestión de Martín Vizcarra (2011-2014), fue el último testigo de la jornada. Como los otros, refirió que UNOPS se encargó del proceso de licitación, pero que no tuvo más conocimiento sobre este. “No tuvimos información directa del proceso, solo ya cuando llegó la buena pro”, dijo.
Cuando se le confrontó con la declaración previa que dio a la fiscalía durante la etapa de investigación, recién allí manifestó que el gobierno regional tuvo participación en el proceso de licitación y que el presidente regional en esa época era Martín Vizcarra. En general, la mayoría de sus respuestas fueron cortas o para indicar que no sabía o no recordaba.
Según el ROP, Peralta es militante desde el 2006 del partido Somos Perú. Fue con esta agrupación con la que Martín Vizcarra postuló al Congreso en el 2021. Los otros testigos que declararon en esta jornada, Edmer Trujillo y Donaldo Barrientos, no tiene militancia política activa.
La audiencia fue suspendida cuando Leonardo Peralta iba a ser contrainterrogado por la defensa de Martín Vizcarra. El juzgado colgiado, que preside la jueza Fernanda Ayasta, indicó que esto ya se iba realizar en la siguiente sesión, programada para el lunes 2 de diciembre a las 9 a.m.
Para ese día también se han citado a otros cinco testigos: Ana Ellen Vela y Carmen Ríos Quintero, secretaria y asistencia, respectivamente, de la gerencia de Obrainsa; Tobias Puertas Gutierrez, conserje de la constructora que habría cobrado y trasladado el dinero para las presuntas coimas al acusado; Donato Reyes Antezana, oficinista que había visto al expresidente en la sede de la empresa; y Diego Agurto Albán, directivo financiero de Obrainsa que habría hecho coordinaciones para generar parte del dinero supuestamente pagado.
El colegiado también programó otras tres audiencias del juicio para diciembre: martes 10, lunes 16 y jueves 26. Para esta última sesión, se ha autorizado a Martín Vizcarra para que participe virtualmente desde Moquegua, a donde se le ha autorizado viajar por fiestas navideñas. Para entonces, casi todos los testigos del juicio residentes allí ya habrán declarado.
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