Según dijo ante el tribunal, el pago fue consecuencia de una presunta solicitud del propio Martín Vizcarra, a fines de 2013, para favorecer a su empresa en el proceso de licitación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. La fiscalía acusa al expresidente por esto y por un supuesto soborno en otra obra en Moquegua. Por ello, piden 15 años de prisión.
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La semana pasada, el testigo Elard Paul Tejeda, gerente de obras de Obrainsa al momento de los hechos, afirmó que el expresidente le ofreció darle “información privilegiada” para que su empresa mejore su oferta y gane la licitación del proyecto. A cambio, aseguró que el expresidente le pidió el pago del 2% del costo de la obra, equivalente a a S/1 millón.
Ese primer testigo afirmó que él accedió, a nombre la constructora, y que luego de ganar la buena pro, el hoy acusado lo llamó para que la hagan los pagos. El dinero, continuó, se le entregó en dos montos: S/ 400 mil en enero del 2014 y S/ 600 mil en abril del 2014. Sostuvo que, ambos veces, los pagos fueron con billetes de S/ 200 acomodados en sobres manilas.
En la audiencia de este lunes, el interrogado fue Manuel Tejeda Moscoso, hermano mayor del primer testigo y expresidente del directorio de Obrainsa. Es decir, era su superior, la persona con el más alto cargo en la constructora al momento de los presuntos pagos a favor de Martín Vizcarra. Actualmente -según dijo- tiene 75 años y ya está jubilado, pero sigue siendo accionista.
Ante las preguntas del fiscal Germán Juárez, Manuel Tejeda contó que conoció a Martín Vizcarra en el 2003, cuando Obrainsa y la empresa del futuro presidente, CyM Vizcarra, fueron socias en una obra en Arequipa. Luego, se refirió a la participación de su constructora en Lomas de Ilo, para la que se asociaron con la italiana Astaldi.
Tejeda recordó que la oferta inicial de su empresa para la obra fue de S/ 86 millones, la cual fue rechazada y tuvo que ser reducida: “Estábamos esperando la ratificación de la buena pro, pero recibimos una llamada en la que se nos propuso una conversación y se nos informó de unos topes, etc. Se reajustó la propuesta a S/ 81.9 millones”, dijo.
¿De quién fue esa llamada? De acuerdo con el testigo, del acusado Martín Vizcarra, quien la hizo a través de su hermano.
“(Elard Tejeda) me informó claramente que había recibido una llamada del señor Martín Vizcarra para venir a visitarnos a nuestras oficinas. Y ahí planteó que el tope sería S/ 82 millones para la obra. Y es así que tuvimos que hacer ese reajuste (a S/ 81.9 millones)”.
Consultado respecto a si Martín Vizcarra hizo algún pedido, respondió que sí.
“Tuvimos que acceder a un pedido que nos hizo el señor Vizcarra. Nos indicó que el tope máximo debía ser de S/ 81 millones, porque su tope estaba en ese orden. (A cambio) solicitó, (diciendo) que tenía necesidades económicas, al señor Elard Paul, que me informó, una comisión del 2% sobre el costo directo de la obra”, confesó.
El testigo reconoció que ese 2% no era “un pedido legal”, sino ilícito. “Entendimos que viniendo de la máxima autoridad de esa entidad, al no acceder esa solicitud, iba a ser imposible tener ese contrato. No era legal. (Accedimos) para no perder el contrato”, exclamó.
Si bien él no hizo los presuntos pagos, agregó que estos sí se realizaron, debido a que Elard Paul Tejeda se los comunicó. “Fui totalmente informado”, afirmó.
“Sí (se hicieron), se tuvieron que pagar. Fueron en realidad tres pagos. Hubo un pedido que hizo antes de la suscripción del contrato, de los gastos de una avioneta. Luego, un pago de S/ 400 mil y un segundo pago de S/ 600 mil.
De acuerdo con la acusación, el alquiler de esa avioneta fue hecho como parte del acuerdo entre Martín Vizcarra y Obrainsa. El vuelo sería costeado por la constructora, en diciembre del 2013, para transportar a funcionarios bolivianos de Lima a Ilo, Moquegua, a pedido del entonces gobernador.
Manuel Tejeda reconoció que no participó directamente en la entrega del dinero o en emitir los cheques para generar esos montos, roles que sí han sido admitidos por Elard Paul Tejeda. No obstante, aseguró que estaba “totalmente” informado de esos trámites.
“La preocupación del señor Vizcarra”
En otro momento de su interrogatorio, surgió el nombre de José Manuel Hernández, amigo del hoy acusado que en el 2016 sería ministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski junto con él.
Dentro de este proceso judicial, Hernández se sometió a la colaboración eficaz -ya aprobada por el Poder Judicial- y reconoció que fue intermediario de los presuntos sobornos de la constructora ICCGSA a favor de Martín Vizcarra por la otra obra que abarca este caso: el Hospital de Moquegua.
En el interrogatorio de este lunes, el fiscal Germán Juárez consultó a Manuel Tejeda si conoció a José Manuel Hernández. Respondió que tuvo con él una “relación profesional” y que tenía conocimiento de su amistad con Martín Vizcarra.
En esa línea, aseguró que Hernández le mandó un mensaje de WhatsApp ligado al tema de Lomas de Ilo, en el que le “transmitía la preocupación del señor Vizcarra en el sentido de que se decía, se hablaba, de que yo habría declarado sobre la avioneta, etc”. Es decir, una presunta preocupación de que el empresario revelase los pagos ilícitos a su favor.
Si bien no precisó la fecha de ese mensaje, se entiende que habría sido en el 2019, cuando Martín Vizcarra ya era presidente. Por entonces, la empresa Obrainsa y Elard Paul Tejeda estaban implicados, junto a la brasileña Odebrecht, en el caso conocido como ‘Club de la Construcción’.
“(Hernández) manifestó que tenía mucha preocupación de saber si era correcto o no que lo hubiese hecho. Le respondí, lo visité en sus oficinas. En ese momento, no habíamos hecho ninguna declaración, tratándose de mi persona”, expresó Tejeda.
Consultado por el fiscal, el testigo precisó que refería que aún no había hecho ninguna “declaración sobre el pago de la avioneta y, probablemente, ya se estaba murmurando si se había pagado una ‘comisión’ por la obra (Lomas de Ilo) o no”. Agregó que Hernández dejó en claro que “hablaba a nombre del señor Martín Vizcarra”.
José Manuel Hernández también será citado como testigo en este juicio. La fecha de su declaración aún no se ha programado, pero se prevé como uno de los testimonios más importantes dentro del proceso.
Contrainterrogado
La defensa de Martín Vizcarra rechaza la acusación fiscal y niega que el expresidente haya recibido sobornos. Con esa premisa, el abogado del expresidente, Erwin Siccha, también interrogó a este testigo.
Inicialmente, el abogado le consultó por las investigaciones que tenía Obrainsa, pero el testigo dijo no tener conocimiento de estas. Luego, le preguntó por su relación con su hermano Elard Paul, que calificó como “la mejor”, y si estaba dipuesto a mentir por él. “No”, respondió Manuel Tejeda.
Después, le preguntó si, como presidente del directorio, él tenía que aprobar los préstamos que hacía la empresa, a lo que indicó que solo en algunos casos.
El abogado también le consultó quiénes podían emitir cheques a nombre de la constructora. El testigo replicó que “la orden debía salir de un gerente con la capacidad”.
Ante más preguntas, afirmó que tenía conocimiento “totalmente” de los pagos de sobornos a Martín Vizcarra, pero que no los denunció. “¿Los permitió?”, preguntó el abogado. “Correcto”, respondió Manuel Tejeda.
Más adelante, indicó que “está enterado” de que Giacomo Osatti, directivo de la empresa socia Astaldi, también sabía sobre el acuerdo para el pago de sobornos al expresidente.
También dijo que si bien no estuvo en la supuesta reunión del 6 de noviembre donde Vizcarra habría solicitado el soborno, fue informado de esta “antes, durante y después” por su hermano”. “Fui informado apropiadamente”, insistió.
Finalmente, relató que también fue informado por su secretaria de que Martín Vizcarra acudió en abril a las oficinas de Obrainsa, fecha atribuida al último pago, de S/ 600 mil. “Me consta que fue”, sostuvo. Según Elard Paul Tejeda, en esas entregas solo estuvieron presentes directamente él y el hoy expresidente.
Más testigos
En el juicio también declaró como testigo Freddy Eloy Zeballos Nuñez, exfuncionario del gobierno regional de Moquegua como gerente general del Proyecto Especial Pasto Grande. Según relató, fue nombrado en ese cargo por Martín Vizcarra, con quien reconoció tener una amistad de 30 años.
La fiscalía buscó acreditar con su testimonio que Vizcarra, como gobernador y presidente del directorio de ese proyecto especial, sí tenía acceso a la información sobre el proyecto Lomas de Ilo que presuntamente otorgó a Obrainsa.
El testigo explicó que si bien la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se encargaba de evaluar las propuestas y daba una recomendación, quien decidía sobre la buena pro era el gobierno regional.
En su interrogatorio, también reconoció que, en un documento ligado a esa licitación, fue él quien puso su firma en el lugar asignado para la rúbrica Martín Vizcarra. Ese documento daba cuenta de la primera oferta de Obrainsa, por S/ 86 millones, que fue rechazada el 31 de octubre del 2013.
Indicó que él mismo le informó sobre ello al hoy acusado y que luego renunció a su puesto. “Me guié de la Ley de Contrataciones, que establece que se deben eliminar las propuestas que son mayores al 10% del valor referencial. Yo aprobé y publiqué en el Seace (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) el valor referencial y en el expediente técnico también está el valor de la obra. Entonces, el 10% era superado largamente por los 86 millones”, relató.
Añadió que luego informó a Martín Vizcarra que “la propuesta del postor excedía largamente el límite de la Ley de Contrataciones. Era mi obligación”. Es decir, el testigo acreditó que el acusado estuvo informado de la primera oferta de Obrainsa, que fue rechazada.
“Ahí lo dejamos. No vi entusiasmo para tomar en cuenta estas cifras. Pasó el tiempo, renuncio el 13 de noviembre y el 15 de noviembre, aceptaron mi renuncia”, detalló. Por ello, indicó que no tiene detalles sobre la propuesta de Obrainsa que sí fue aceptada semanas después.
A su turno, la defensa de Martín Vizcarra le hizo preguntas para intentar acreditar que la información sobre el valor referencial de la obra era un dato público y que no podría considerarse como “información privilegiada”.
“Claro (que era pública), está en el Seace”, indicó el testigo. “El plan de adquisiciones que se publica en el Seace es una cifra estimada, por lo cual se puso ahí el valor de S/ 70 millones”, añadió ante una nueva pregunta de la fiscalía. También sostuvo que el valor referencial del expediente técnico es lo mismo que el de la obra.
Ante otra pregunta del fiscal, el testigo precisó que en la licitación tramitada por Unops no se publicó ese valor referencial.
Concluida la intervención de Zeballos Nuñez, la tercera testigo de la audiencia fue la periodista Graciela Villasís, jefe de la Unidad de Investigación de El Comercio.
El fiscal le consultó respecto a sus investigaciones sobre estas obras en la gestión de Martín Vizcarra en Moquegua y sobre un interrogatorio que le respondió UNOPS sobre Lomas de Ilo.
En cuanto a las respuestas que dio UNOPS, detalló que esta entidad manifestó que “ellos se encargaron de la evaluación del proceso, pero que la palabra final, quien daba la buena pro, era el gobierno regional de Moquegua”.
La periodista también refirió que investigó el vuelo de funcionarios bolivianos de Lima a Ilo, en Moquegua, en una avioneta alquilada por Obrainsa. Según la acusación y los exdirectivos de esa empresa, el pago de ese alquiler fue parte del presunto soborno a Martín Vizcarra.
Concluida esa declaración, el juzgado citó para la próxima audiencia del juicio a los testigos Edmer Trujillo Mori, Pablo Ramírez Delgado, José Barrientos Alvarado, Juan Carlos Valdivia Valdivia y, si alcanza al tiempo, también al testigo Leonardo Peralta Rivera. Esa sesión será el lunes 25 de noviembre.
Edmer Trujillo, ministro de Transportes durante la presidencia de Martín Vizcarra, es citado por su rol como gerente general del gobierno regional de Moquegua. El resto de testigos citados son exfuncionarios del Proyecto Especial Pasto Grande.
Pese al testimonio del testigo Manuel Tejeda Moscoso, quien señaló al expresidente como receptor de coimas, el abogado de Martín Vizcarra afirmó mientras al cierre de la sesión virtual que había sido “una muy buena audiencia”. “Sí”, se escuchó responder al acusado antes del cierre de la transmisión
