A través de una resolución publicada en las Normas Legales de “El Peruano”, se dispuso reasignar el caso, que se encontraba en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, al despacho de la Fiscalía de la Nación. Ello, luego de que se dejaran sin efecto las decisiones adoptadas en diciembre del 2023, por el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien se excusó de investigar a Benavides Vargas.
Las investigaciones contra altos funcionarios, como se recuerda, corresponden a la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, en ese momento, Villena Campana consideró que podría ser llamado como testigo en las investigaciones contra Benavides Vargas, por lo que se produciría un conflicto al ser testigo e investigador.
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Por ello, dispuso que la competencia de la carpeta fiscal N° 1228-2023 sea asumida por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que en ese momento se encontraba a cargo de Espinoza Valenzuela.
Sin embargo, ahora, al haber asumido el cargo de Fiscal de la Nación, le corresponde seguir asumiendo las investigaciones preliminares que están en curso contra Benavides Vargas, comprendida dentro de los altos funcionarios incluidos en el artículo 99 de la Constitución y tal como lo establece la Ley N° 27399.
“Con la designación de la nueva Fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, corresponde derivar los casos en investigación preliminar de la carpeta fiscal N° 1228-2023 y conexos o derivados de la misma, al Despacho de la Fiscalía de la Nación, conforme a ley”, se indica en la Resolución N° 2612-2024-MP-FN publicada el último jueves.
Entre los casos que continuarán bajo conocimiento de Delia Espinoza, como fiscal de la Nación, se encuentra la investigación preliminar seguida contra Patricia Benavides y otros, por presuntamente liderar una investigación criminal al interior de la fiscalía. Es decir, el caso madre que originó otras investigaciones vinculadas a la carpeta fiscal N° 1228-2023.
En este caso, como se recuerda, se encuentran comprendidos exfiscales supremos, los exasesores Jaime Villanueva, Miguel Girao, Abel Hurtado, entre otros.
También se encuentra el caso contra Benavides Vargas, por presuntamente haber sido favorecida en el procesamiento de un recurso de amparo en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Se le investiga por los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico.
“Dejar sin efecto las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N° 024-2024-MP-FN de fecha 4 de enero de 2024 y N° 1267-2024-MP-FN de fecha 28 de mayo de 2024; y, por consiguiente, la carpeta fiscal N° 1228-2023 y los casos conexos que se encuentran en investigación preliminar ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos deben ser derivados al Despacho de la Fiscalía de la Nación.”
Amplían competencias del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto para asumir casos judicializados contra Benavides
En la misma resolución publicada en las Normas Legales, la Fiscalía de la Nación dispuso ampliar las competencias de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos -que desde julio del 2019 integra el Equipo Especial de Fiscales del caso denominado Cuellos Blancos del Puerto- para que asuma los casos judicializados que impliquen a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides y otros.
Según el dispositivo legal, la referida fiscalía suprema continuará con la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral e impugnatoria, según corresponda, respecto a la carpeta fiscal N°1228-2023 (donde se le investiga por presuntamente liderar una organización criminal), así como las conexas o derivadas de la misma.
Es decir, una vez que los casos vinculados a la referida carpeta fiscal, previa denuncia constitucional, sean aprobados por el Congreso de la República y devueltos al MP; será la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos la encargada de formalizar la investigación preparatoria correspondiente y seguir adelante en todas las etapas judiciales que continúen.
La misma fiscalía suprema también asumirá las investigaciones preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento de los delitos de función, criminalidad organizada u otros vinculados a jueces y fiscales superiores (funcionarios comprendidos en el artículo 454 del Código Procesal Penal) y personas vinculadas por unidad de la investigación que guarden relación con la carpeta fiscal N° 1228-2023, conexas o derivadas.
“Conocer la investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento de los delitos de función, criminalidad organizada u otros vinculados, atribuidos a los funcionarios públicos aforados comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado y personas vinculadas por unidad de la investigación comprendidos en los hechos relacionados con la carpeta 1228-2023 y casos conexos o derivados, conforme al artículo 450, inciso 2 del Código Procesal Penal”, se dispone en la normativa fiscal.
Finalmente, en la misma resolución publicada, se dispone que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en adición a sus funciones, conozca los casos de elevación de actuados, forzamiento de la acusación (elevaciones de consultas judiciales) y las exclusiones de fiscales que se generen en la carpeta fiscal Nº 1228-2023 y los casos conexos a ella, vinculadas a Benavides Vargas.
Este Diario buscó la versión de la defensa de la exfiscal Patricia Benavides para conocer su posición respecto a la reasignación del caso; sin embargo su abogado Juan Peña indicó que no se pronunciaría sobre el tema.
Amplían competencias
Fiscalías contra la Criminalidad Organizada
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, a través de una resolución publicada en las Normas Legales de El Peruano, dispuso ampliar las competencias de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) para que, de ahora en adelante, puedan dirigir investigaciones en delitos de banda criminal vinculados a robo, extorsión, secuestro, sicariato, homicidio y otros delitos de naturaleza violenta.
A través de un comunicado, el Ministerio Público señaló que, en ese contexto, las Fiscalías Supraprovinciales, Provinciales Corporativas y Provinciales Especializadas contra la Criminalidad Organizada asumirán dichas competencias siempre que en el hecho ilícito intervengan tres o más personas o se sustente que hayan intervenido tal cantidad de personas.
