En su mensaje a la Nación de 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte anunció que “en un plazo máximo de dos meses, el Mininter impulsará un plan de seguridad y vigilancia en los principales centros comerciales del país, que incluirá el uso de cámaras de identificación facial que permitirá a la Policía Nacional detectar a personas con requisitorias, a criminales con recompensas por su captura, personas con antecedentes policiales y aquellos que son recurrentes en la modalidad de hurtos y robos en estos espacios”.
El plazo máximo dado por la presidenta vencía en setiembre pasado. Estando en noviembre, ni siquiera se ha iniciado la convocatoria a las partes involucradas que, según anunció la primera jefa de Estado en su mismo discurso, sería una “alianza” de la Policía con la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Consultados al respecto, desde la Asociación de Centros Comerciales confirmaron que no han sido convocados hasta la fecha. Según explicaron, el plan de videovigilancia es una propuesta que salió de su asociación en 2023 que se concretó a inicios de 2024. El gobierno aceptó la propuesta y se incluyó en el mensaje a la Nación de Boluarte, pero todo quedó en palabras. La Asociación de Centros Comerciales envió un oficio en octubre al gobierno para intentar accionar las coordinaciones, pero hasta el cierre de este informe no habían recibido respuesta alguna.
El plan consiste en que la Policía acceda -remotamente- a las cámaras de los centros comerciales para identificar a delincuentes. Algunos centros comerciales cuentan con cámaras inteligentes que se usan con fines comerciales para identificar el perfil de sus consumidores. Dichas cámaras podrían interconectarse con Reniec y la Policía para realizar identificaciones de personas.
La congresista Diana Gonzales (Avanza País) realizó un pedido de información a Reniec sobre el plan anunciado por Boluarte, a lo que la entidad respondió: “precisamos que nuestra entidad no fue convocada respecto a la implementación del piloto en mención […] quedamos a disposición del Ejecutivo para las coordinaciones previas que resulten necesarias con el fin de que nuestros aportes contribuyan al logro de la propuesta, resguardando siempre como pilar fundamental de la seguridad ciudadana, los datos personales de los peruanos”.
Además…
Un reiterativo
El pasado miércoles 30, la parlamentaria Diana Gonzales envió un oficio reiterativo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en busca de una respuesta del plan de videovigilancia anunciado en julio.
—Sin respuesta—
La congresista Gonzales también remitió, el pasado 2 de octubre, otros dos oficios a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio del Interior, consultando sobre el plan anunciando en julio, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. El primer ministro Gustavo Adrianzén se limitó a informar que ha trasladado la consulta al ministro Juan José Santiváñez. Este Diario también buscó la versión del Mininter pero sin respuesta.
“Me sorprende que la misma presidenta brinde fechas y no tengan capacidad de cumplirlas. Hemos solicitado información a PCM y Mininter y no han respondido. Al final del día, estamos hablando de una mentira, y esta falta muestra que no hay liderazgo y no hay respeto a la propia palabra de la presidenta”, refirió Gonzales.
La legisladora de Avanza País refirió que la responsabilidad de esta promesa incumplida recae sobre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por lo que aseguró que debería poner su cargo a disposición. “El mensaje a la Nación se elabora de acuerdo con la información que proporcionan los ministerios. Esta situación es grave porque confirma que no hay estrategia”, anotó Gonzales.
El propio Santiváñez sostuvo que estaría dispuesto a renunciar a su cargo si la declaratoria de emergencia en distritos de Lima no funcionaba.
