El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima ratificó el retorno de María Caruajulca como procuradora general del Estado, quien ya ha sido repuesta en el cargo en mayo pasado.
Fue al declarar fundada la demanda de amparo presentada por Caruajulca Quispe contra el Despacho Presidencial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) contra la resolución suprema publicada el 6 de octubre de 2022.
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En su resolución, dicha instancia del Poder Judicial señaló que el titular de la Procuraduría General del Estado es considerado por ley como funcionario público de designación y remoción regulada.
Asimismo explicó que en su caso no cabe invocar la causal unilateral de pérdida de confianza y que solo podría ser removido antes del vencimiento del plazo de su designación, previa acreditación de alguna de las causales establecidas en el artículo 17.3 del Decreto Legislativo N° 1326, y demás normas vigentes.
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“Es más, se puede advertir que la decisión de la remoción no tiene mayor motivación, ni explicaciones previas o razones sustentadas en la gestión que venía realizando el demandante como Presidente del Consejo Directivo, lo que constituye un ejercicio arbitrario de las competencias administrativas de la demanda que lesiona los derechos constitucionales del demandante, pues no pertenece a la clasificación de empleados de confianza que pueda ser removido de manera unilateral o por pérdida de confianza, sin expresar causal de remoción alguna”, señaló.
Del mismo modo, alega que la Resolución Suprema N° 188-2022-JUS del 6 de octubre de 2022, vulnera los derechos constitucionales alegados por María Caruajulca, pues infringe el principio de legalidad, además de otros derechos constitucionales.
Como se recuerda, en mayo pasado el Poder Judicial ordenó reponer a Caruajulca Quispe en el cargo de procuradora general del Estado, con lo cual Javier Pacheco debió presentar su carta de renunciar al cargo para cumplir con dicha decisión.
El caso
En octubre del 2022, el gobierno de Pedro Castillo retiró a Caruajulca Quispe del cargo luego que un informe de la Contraloría advirtiera que había sido designada en el puesto a pesar de que no presentó una declaración jurada de que no tenía procesos en su contra.
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En la resolución suprema 188-2022-JUS solo se consigna que se da por concluida la designación de María Caruajulca “por pérdida de confianza” y se le daban “las gracias por los servicios prestados”.
Caruajulca Quispe había sido nombrada el 25 de febrero del 2022 en reemplazo de Daniel Soria Luján, quien fue retirado del puesto luego que presentara una denuncia ante la Fiscalía de la Nación para que el entonces presidente Pedro Castillo fuera investigado por el caso Puente Tarata.
