Empezó con un mensaje de WhatsApp con el aparente pedido inofensivo de diálogo. Era febrero, faltaba un mes para el inicio de clases escolares y los extorsionadores hicieron el primer contacto. “Como no aceptamos dialogar —ceder al pago de cupos, para ser más claros— nos pusieron el primer artefacto explosivo”. El director de un colegio en Comas, cuyo nombre se mantendrá en reserva, lleva semanas cambiando de domicilio por miedo a que los delincuentes atenten contra su vida y la de su familia y con la frustración de que la única protección que le brindan las autoridades se reduce a un policía frente al plantel.
“Lo primero que piensas es proteger a tu familia. Me he visto obligado a salir de mi casa y poner a buen recaudo a mi hijos. Luego pido protección para mi institución, pero todo lo que hacen es poner un policía afuera. No solo pusieron el artefacto, también han mandado amenazas de que van a explotar todo el colegio o hacer daño a profesores y padres. ¿Cómo podemos dar protección a mil padres de familia, a los alumnos y a los trabajadores con un solo policía?”, dice.
A su institución educativa le pidieron 100 mil soles como “cuota inicial” y 200 soles semanales. Eso solo para empezar. “Hay colegios que vienen siendo extorsionados hace mucho más tiempo, que pagaron por años, pero cuando quisieron ponerse fuertes y dejar de someterse comenzaron a reventarles los portones de sus colegios a granadas”, cuenta.
En los más de 40 años que tiene el plantel han pasado por distintas olas de inseguridad —Comas es el cuarto distrito de Lima Metropolitana con mayor cantidad de denuncias policiales, según INEI—, pero es la primera vez que la desprotección los ha forzado a cerrar puertas y dictar clases virtuales. Además del policía designado, el colegio ha contratado seguridad privada aunque resulta insuficiente ante lo explícito de las amenazas.
“Han escrito al celular del colegio, a mi celular personal, nos enviaron fotos de armas, han advertido que si no hacemos caso empezarán por el vigilante”, añade. Los mensajes son firmados por Los Injertos del Cono Norte, organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, cuyas amenazas a cantantes son reportadas desde hace más de un año.
Según estimaciones del colectivo Educar con Libertad, que agrupa a ocho asociaciones de colegios, padres de familia y promotores de Lima y distintas regiones, serían al menos 1.000 colegios privados víctimas de extorsiones, de los cuales apenas 300 han presentado una denuncia policial. El resto teme represalias. Aunque los promotores cambien de números de teléfono o cierren sus redes sociales, las amenazas llegan con fotos de sus familiares y detalle de cada movimiento que realizan.
“Solo en lo que va del año, tenemos 175 colegios cerrados por extorsión. Hasta diciembre del año pasado eran otros 300. Obviamente contamos solo los que quieren hablar. Hay muchos que no denuncian porque están atemorizados y han tenido que migrar a otras regiones o irse del país”, explica Giannina Miranda, vocera de esta organización.
El colegio Hans Christian Oersted, también de Comas, es uno de los que ha cerrado definitivamente luego de 44 años de servicio. En un mensaje a su comunidad educativa argumentaron que el cierre de los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) responde a un intento por salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de la comunidad estudiantil. Semanas antes, lo hicieron los colegios María de los Ángeles de San Juan de Lurigancho y Alfred Nobel de Comas. Otros, como la institución educativa San Vicente y Nikola Tesla han optado por suspender clases o dictar con una forzada modalidad virtual ante ataques con explosivos. En el distrito de Los Olivos, los colegios Visionarios y Pitágoras también tuvieron que dejar la presencialidad por las amenazas.
No son los únicos. Miranda explica que la violencia hacia colegios se ha extendido a distritos como Independencia, Ate, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. “También tenemos el reporte del cierre de un colegio en Chorrillos, un nido en Barranco y otro colegio en San Miguel. Si hablamos del país, en Trujillo la situación es insostenible. No solo son privados, a los directores y profesores de colegios nacionales les cobran entre 5 y 10 soles diarios para que puedan trabajar tranquilos. Estamos viviendo un caos social, añade.
Para Miranda, hay dos factores que ni siquiera son atendidos por las autoridades cuando se habla de extorsiones: el impacto psicológico en los escolares y las millonarias pérdidas económicas por el cierre de las cadenas de trabajo alrededor de los colegios. “Estamos viviendo una pandemia del terror. Tenemos niños y adolecentes que viven con miedo. El cierre de un colegio implica pérdidas de un millón de soles. Pagamos planilla, rentas, cientos de personas que se quedan sin trabajo, profesores, auxiliares, mantenimiento, servicio técnico”, explica.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anacopri), Guido Quintanilla Gómez, aunque las extorsiones a escuelas no aparecieron en los últimos meses, sí se registra un alarmante ascenso. Para el 2024 este gremio reportaba entre 300 y 200 instituciones víctimas de este delito, pero en el primer trimestre del 2025 la cifra ya supera los 450 colegios afectados.
Los extorsionadores solicitan a los promotores de los colegios entre 100 mil y 200 mil soles mensuales, aunque se trata de instituciones con pocos recursos que cobran entre 200 y 300 soles mensuales de pensión.
“Extorsionan hasta en clases virtuales”
El impacto de recibir amenazas, con explosiones incluidas, trastoca no solo a las familias directas de dueños y promotores sino también a toda la comunidad educativa. Miriam Ramírez, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú (ANAPEF), indica que el temor de que sus hijos sean víctimas de una bala perdida hace imposible un desarrollo del año académico. Ni siquiera en el formato virtual porque han recibido reportes de extorsiones a colegios que ya están en modalidad virtual, con docentes que son obligados a apagar sus transmisiones en vivo hasta que no se paguen cupos.
“El Ejecutivo dice que garantiza la seguridad porque ponen policías en los colegio, pero ¿cómo se trasladan los estudiantes? ¿En avión? ¿En taxi? No, van en movilidad o en micros que también están baleando. ¿Cómo las autoridades aseguran la protección de los niños si ni siquiera se puede estudiar virtual?”, reclama.
El cierre de colegios también implica problemas logísticos que impactan en la educación de miles de menores. “No hablamos de extorsiones a colegios privados carísimos, sino de montos de pensiones que son bajos y que ayudan a la oferta educativa. Cuando cierran un colegio por extorsiones, los padres tenemos que buscar vacantes en instituciones nacionales donde ya están saturados, no hay dónde ponerlos”, añade Ramírez.
¿Cómo afrontar este problema que parece desbordado? Para Cecilia Caparachin Puente, investigadora en seguridad ciudadana y criminalidad, se requiere un trabajo coordinado entre la policía y los gobiernos locales, que incluya la articulación con las asociaciones comunitarias para fortalecer la prevención y la disuasión del delito. Todo eso con un trabajo serio de inteligencia. “Es bastante conocido dónde se desarrollan las extorsiones, pero falta fortalecer la investigación. Se necesitan unidades policiales altamente capacitadas, no solo a nivel central sino también actuación local”, explica.
Tanto ANAPEF como Educar con Libertad piden que el gobierno de Dina Boluarte y la Policía Nacional establezcan medidas urgentes y efectivas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad en las comunidades educativas, que incluya inversión en seguridad y en inteligencia.
Para Ramírez, las declaratorias de emergencia por si solas no han disminuido el problema. De hecho, cuestiona que se les sugiera ser “vigilantes” pero no se los incluya en el desarrollo de estrategias integrales: “Nos piden a los mismos padres de familia que seamos quienes avisemos si vemos algo extraño. La policía no tiene la estrategia para vigilar y nos traslada la responsabilidad, poniéndonos en riesgo. Quieren que me ponga un chaleco de seguridad para que el extorsionador nos identifique más rápido”.
